Comunicado de COMUNA

Se multiplican críticas por los atropellos del gobierno macrista

COMUNA (Comunicadores de la Argenrtina)

Numerosas organizaciones se pronunciaron en contra del decreto ilegal del Poder Ejecutivo Nacional que interviene a la autoridad de aplicación de la ley de la comunicación democrática. Lo hicieron la Coalición, las carreras de Comunicación, la Defensoría del Público, el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, la Federación Universitaria de Buenos Aires y COMUNA (ver aparte), entre otros.

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, anunció el miércoles 23 por la mañana la intervención antes de que se publicara el decreto por el cual se violan los procedimientos establecidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyo incumplimiento el funcionario macrista ya había anticipado.

Los directorios de AFSCA y AFTIC tienen mandato legal sin seguir la secuencia del período presidencial y el decreto lo desconoce, alegando en sus considerandos una serie de supuestas fallas de gestión de ambos organismos, cuando la propia ley establece los mecanismos y organismos habilitados para remover a las autoridades, de modo que esa decisión no sea, justamente, un acto discrecional del Ejecutivo.

COALICIÓN POR LA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA

Ante este ataque a la Ley y, con ello, a la libertad de expresión, la Coalición por una Comunicación Democrática se declaró en estado de alerta y anunció movilizaciones en todo el país.

Un comunicado de este conjunto de organizaciones expresa que la Ley 26.522, “aprobada en 2009 y confirmada en su constitucionalidad en 2013, fue puesta bajo presión, crítica, impedimentos y obstáculos de todo orden”.

Tras recordar el proceso de participación federal que permitió la aprobación, recuerda que la norma “fue reconocida y valorada como un ejemplo para el mundo por todos los organismos internacionales con competencia en la materia”.

“Las instituciones y organismos creados por la Ley para su aplicación deben ser respetados. Para asegurar el pluralismo la ley prevé un conjunto de mecanismos de controles cruzados con participación de las provincias y de todos los sectores relacionados con la comunicación que deben mantenerse”.

CARRERAS DE COMUNICACIÓN

Las carreras de Comunicación dijeron en un comunicado conjunto que “el decreto es violatorio de las instituciones democráticas y afecta la representación de nuestras universidades”, al tiempo que pone en juego el rol del Estado.

La intervención a AFSCA y AFTIC, agregan, pretende ser fundamentada “en una serie de generalidades carentes de información fidedigna, con groseros errores y en algún caso apelando a fuentes periodísticas”.

El texto recorre la historia de elaboración de la Ley 26.522 para recordar expresiones de Aguad que “han sido claras y contundentes” y lo cita: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno”. Y antes había afirmado que “para él en el país no existen los monopolios”, en una declaración dirigida directamente a darle protección al grupo Clarín, que desde 2009 no cumple la disposición de desmonopolización de los servicios audiovisuales.

“Las carreras de comunicación de la Argentina rechazamos y repudiamos la intervención sin motivo de las autoridades dispuestas por ley, que resulta violatoria de las instituciones democráticas, y exigimos el cumplimiento y aplicación plena de las leyes vigentes en la consideración del derecho a la comunicación como un derecho humano inalienable”.

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO

La Defensoría del Público exhortó al Gobierno Nacional a no violar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a respetar la división de poderes, tras haber recibido consultas y reclamos de las audiencias.

“La Defensoría exige el respeto irrestricto de los 166 artículos de la Ley, que se fundan en derechos garantizados por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos a ella incorporados. La norma en su totalidad ha sido redactada bajo estricto cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y así fue reconocido por los relatores especiales sobre Libertad de Expresión del sistema de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos”.

Tras mencionar las presentaciones recibidas y los pronunciamientos públicos de varios sectores, la declaración rechaza el desplazamiento de autoridades pretendido con la intervención, al afirmar que “resulta totalmente inadecuado el avasallamiento de la temporalidad y modalidad propuestas” por la ley, en la cual “el único mecanismo previsto para evaluar el desempeño de los integrantes de esa autoridad es el art. 14”.

También sostiene que “la injerencia presidencial dispuesta por el decreto 236/15 va en desmedro de uno de los puntos centrales del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la plena constitucionalidad de la Ley, en 2013. En ese fallo, el máximo Tribunal exhortó al Poder Ejecutivo a respetar la ‘independencia’ de la AFSCA”.

Además de los aspectos relativos a la norma específica, la Defensoría recuerda lo dispuesto en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que “establece como principio general que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.

“Es por ello que esta Defensoría del Público considera que la intervención es una decisión autoritaria que de ningún modo contribuye al cumplimiento cabal de la legislación vigente, ya que no respeta los mecanismos de integración de los organismos, con participación de los representantes de las provincias, de las diversas fuerzas políticas del país, y de los múltiples sectores de la vida democrática, como las universidades, los pueblos originarios, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, comunicación audiovisual comunitaria y cultural. También resulta autoritaria porque no respeta la garantía de debido proceso prevista en la Ley para la remoción del directorio”.

DIPUTADOS DEL FRENTE PARA LA VICTORIA

Los diputados nacionales del Frente para la Victoria expresaron su “más rotundo rechazo a las conductas antidemocráticas del presidente Mauricio Macri, quien ha decidido gobernar por decreto, no convoca al Congreso a sesiones extraordinarias y pretende ahora intervenir al AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y el AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), desconociendo una ley que le impide hacerlo”.

“Los diputados decidimos movilizarnos en defensa del AFSCA, AFTIC y del Congreso de la Nación, al tiempo que nos preocupan las acciones que día a día toma el presidente cercenando derechos y violentando la Constitución Nacional, todo lo contrario a lo que prometieron durante la campaña. O sea, Cambiemos, cambió”, agrega.

Al referirse al ministro que pretende aplicar la intervención, el pronunciamiento dice que su postura no es sorprendente, ya que en Córdoba es apodado “El Milico”, al tiempo que “dejó malos recuerdos en su intervención a la provincia de Corrientes en el mal recordado gobierno de la Alianza”.

FEDERACIÓN UNIVERSITARIA

La presidencia de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) repudió la intervención en un comunicado con expresiones de su titular, Adrián Lutvak, dirigente de La Mella. La medida, expresó, “viola la propia Ley de Medios, ya que en su artículo 14 dictamina la elección de autoridades cada 4 años, habiendo 2 años de diferencia con la elección del Poder Ejecutivo Nacional”.

Además, prosiguió, “me parece sumamente preocupante el argumento con que Aguad justifica la intervención, calificando de ‘rebeldía de las autoridades ‘ el cumplimiento de la ley 26.522. El PRO quiere poner por decreto una nueva estructura bajo el Ministerio de Comunicaciones que incumple la Ley de Medios, lo cual es muy grave”.

La organización se comprometió a defender la Ley 26.522 que, explicó, “no es el patrimonio de un gobierno sino de los miles y miles que participaron e impulsaron su sanción, y por ello nos parece fundamental defenderla de cualquier avance del macrismo”.

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